Jorge Duke 03 de septiembre de 2017
Era la
fecha 15 de las eliminatorias y en la cancha del estadio de San Cristóbal,
Colombia luchaba por tres puntos de oro para ir asegurando la clasificación. La
selección de Venezuela, ya eliminada, peleaba por el honor. Sin embargo, en las
tribunas se estaba jugando otro partido.
En las
graderías de pronto comenzaron a escucharse reclamos de venezolanos hacia el
gobierno de Nicolás Maduro. Poco a poco se fueron unieron los demás asistentes,
cerca de 35.000. Entre ellos muchos colombianos.
“Y va
caer, y va caer, este gobierno va caer”, eran las arengas que acompañaron la
previa del partido, el entretiempo y el final del encuentro en el que Colombia
finalmente se trajo un empate con sabor a derrota.
Justamente
la CIDH, comisión de la OEA que vela por los derechos humanos, expresó el
jueves su "profunda preocupación" por las decisiones de la Asamblea
Constituyente que rige en Venezuela, subrayando que "exceden" sus
competencias y "usurpan" las del Parlamento.
Entre
los actos cuestionados, la entidad destacó la destitución de la fiscal general
Luisa Ortega el pasado 5 de agosto.
Ortega,
que huyó de Venezuela denunciando una persecución de Maduro, a quien tilda de
"dictador", ya había recibido medidas cautelares de la CIDH, que las
emitió por considerar que su vida e integridad enfrentaban "riesgo
inminente de daño irreparable".
El
miércoles, antes del partido, medio millar de opositores habían marchado en
Caracas para recordar a los fallecidos en las protestas contra Maduro, que
dejaron unos 125 muertos en cuatro meses, y para exigir la libertad de los
presos políticos.
El
diputado Juan Andrés Mejía también estaba en la manifestación: "Desde que
se instaló la Asamblea Constituyente (4 de agosto) el país está peor y ahora la
Constituyente se dedica a perseguir y a amenazar, por eso no podemos abandonar
la protesta pacífica", dijo.
Las
protestas en las calles de Caracas que exigían desde hace meses la salida de
Maduro del poder -más de 5.000 personas fueron arrestadas según la ONG Foro
Penal-, finalizaron con la instalación de la Constituyente, considerada
ilegítima por la oposición.
Y esa
inconformidad fue la que llegó a las graderías del estadio. El ingreso al
Polideportivo de Pueblo Nuevo, conocido también como ‘el Templo sagrado’,
ubicado en la ciudad de San Cristóbal -y a por lo menos dos horas de Cúcuta,-
costaba 60.000 bolívares, unos 12.000 pesos colombianos. Para los hinchas
colombianos tenía un valor de 250.000 pesos.
Al
menos 2.500 efectivos custodiaron el acceso y el orden público alrededor del
estadio donde se prohibió el ingreso de pitos, extintores, sombrillas,
alimentos, bebidas, recipientes, y banderas discriminatorias o de cualquier
expresión política.
Pero
lo que no pudieron impedir fueron las voces, los gritos, los reclamos
acumulados que miles de hinchas tenían para con su Gobierno.
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